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En marzo del año en curso, Cajamarca, Tolima, celebró una contundente victoria contra la industria minera, cuando 97,92% de los votantes de la consulta popular le dijeron No a las actividades mineras en esa región. Hoy es el turno de celebrar de Cumaral, Meta, cuando el 5 de junio de 2017, propinó un fuerte golpe a la industria petrolera cuando la población salió a votar una consulta popular, y su población dijo No a las actividades petroleras en su región, con una contundente victoria de 97,04% del total de los votos.
Estos resultados muestran una fuerte tendencia en contra del sector extractivo en Colombia, y que las poblaciones evidentemente se inclinan principalmente hacia la conservación del medio ambiente, y me atrevería a apostar que, en caso de seguir presentándose estas consultas populares, serán muy pocos los municipios en donde gane el Sí a favor de las actividades extractivas.
Pero, ¿realmente hay motivos para celebrar? Es importante resaltar el hecho, que si bien el sector de la economía de mayor crecimiento en 2017 ha sido el agrícola, los sectores minero y petrolero siguen siendo el motor principal de nuestra economía.
Personalmente, y desde el punto de vista netamente jurídico, no me preocupa mucho el alcance de estas consultas sobre los contratos en ejecución, debido a que los titulares de las áreas concedidas, gozan de derechos adquiridos para explorar y explotar los recursos naturales no renovables allí ubicados. Derechos que deben gozar de la plena protección de las autoridades administrativas y judiciales.
Lo realmente preocupante son dos aspectos. El primero es el fuerte deterioro de la confianza inversionista en Colombia en el principal motor de la economía. Segundo, las decisiones políticas del Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales, que pueden llevar a extralimitar el alcance de los resultados de las consultas populares, afectando derechos adquiridos, y por ende causándole al Estado un riesgo innecesario frente a potenciales y muy cuantiosos procesos litigiosos, además de las graves consecuencias económicas y fiscales.
Evidentemente los promotores del No a las actividades extractivas, han ignorado las graves consecuencias que estos resultados pueden traer al país. Vale la pena preguntarse si los argumentos que estas personas exponen, prevén factores como déficit fiscal, desempleo o inflación, dentro de otros grandes problemas a los que están arrastrando a Colombia.
Debo entonces, unirme al llamado hecho el día 5 de junio de 2017 de la ACP al indicar que “urge hacerle un llamado al Gobierno Nacional para que tramite ante el Congreso una ley de concertación y armonización de competencias entre el suelo y el subsuelo y una ley estatutaria que defina las competencias para adelantar las consultas populares.” No debe olvidarse que actualmente se están tramitando otras 44 posibles consultas populares, en donde es previsible anticipar resultados igualmente arrolladores en contra del sector minero energético, bajo un riesgoso efecto dominó.
El Gobierno, no puede, ignorar el mandato constitucional del artículo 334 que indica que la dirección general de la economía estará a cargo del Estado, y que este tiene la facultad de intervenir cuando la sostenibilidad fiscal y los objetivos del Estado Social de Derecho se ven amenazados. Entonces si no es del sector extractivo, ¿de dónde saldrán los recursos para el gasto público social y demás necesidades de la nación?
