Esta pregunta, que parece simple, tiene importantes efectos en el desarrollo de las actividades que adelantan las compañías pues, en muchas ocasiones, los estatutos sociales imponen ciertos límites a los representantes legales para celebrar ciertos contratos o ejecutar algunos actos, buscando pluralidad, protección, o con diferentes intenciones, según sea el caso.

Por ejemplo, los estatutos sociales de una compañía establecen lo siguiente: “El representante legal de la sociedad requerirá autorización de la Asamblea de Accionistas para celebrar cualquier contrato que supere los 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Aquí, es claro que, para celebrar un contrato, el gerente debe verificar el monto del mismo y, de superar los límites, debe ser autorizado por la Asamblea mediante un Acta que dé cuenta de ello. Si no se cumple con lo anterior, el contrato celebrado es inoponible para la sociedad, lo que supone que jamás produjo efectos para ella tal acuerdo, que, entonces, fue celebrado entre el representante legal, él, en su propia representación, y la otra parte del contrato. Esto se encuentra claramente desarrollado en la jurisprudencia de la Superintendencia de Sociedades (V.gr. Refricenter International Trade Zona Libre S.A. VS Refricenter Group S.A.S. y otros; Hidro Press S.A. VS DQS Colombia S.A.S.; y Empresa Pública de Alcantarillado de Santander (Empas) S.A. E.S.P. VS Raúl Eduardo Cardozo Navas).

El efecto de la inoponibilidad frente a la sociedad es que, justamente, deben retrotraerse los efectos para la sociedad frente a la extralimitación de las facultades estatutarias del representante legal, para lo cual la lógica aplicable, tanto en materia contable, fiscal, económica, contractual y de cualquier otra índole, es la inexistencia de dicho contrato, que nunca tuvo efectos para la sociedad, y cualquier gasto en que incurra la compañía deberá ser cubierto por quien se extralimitó en sus funciones pues, además, incurrió en la violación a los deberes que tiene como administrador.